DIRECTORIO MILITAR: Primo de Rivera, militar de prestigio, contó con el apoyo de algunos generales, como Sanjurjo y en Madrid con el Duque de Tetuán. El Presidente del Gobierno, García Prieto, solicitó al Rey que destituyese a los militares sublevados, pero al negarse, el gobierno dimitió. El Rey llamó al General Primo de Rivera para que se hiciese cargo del Gobierno, tomando el cargo de "Presidente del DIRECTORIO MILITAR encargado de la gobernación del Estado" Doc. 2, vigente hasta 1925, llamado así porque el gobierno estará formado exclusivamente por militares de alta graduación Doc. 10.
Merece la pena destacar que el golpe contó con el apoyo de la burguesía, sobre todo la catalana, que así frenaba a la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos. Los obreros en general se mantuvieron tranquilos al principio, pero observamos dos actitudes, por un lado anarcosindicalistas y comunistas, que consideraban la Dictadura como un movimiento reaccionario y se prepararon para defenderse de él, y, por otro, el Partido Socialista y la UGT que pasaron de una actitud expectante y una cierta colaboración.
Ese mismo día 13 de septiembre se dio a conocer un "Manifiesto al País y al Ejército" Doc. 1, donde Primo de Rivera expresaba su propósito de liberar a España de los profesionales de la vieja política y de emprender urgentes reformas económicas, sociales y políticas dentro del marco regeneracionista. Iniciaba así una política personalista y paternalista, en la que sus relaciones con el Rey fueron a veces difíciles.
Rápidamente el ejército tomó medidas para controlar todos los resortes de la vida del país Doc. 4: se declaró el "estado de guerra" en todo el territorio nacional y se sustituyeron los antiguos gobernadores civiles por militares; además, se procedió a la disolución del Congreso y la parte electiva del Senado; se suspendieron las garantías constitucionales y otras libertades como el derecho de asociación y de reunión, y se amplió la censura de prensa, quedando prohibida cualquier crítica a la dictadura.
DIRECTORIO CIVIL: En 1925 Primo de Rivera creó el DIRECTORIO CIVIL DOC. 11, en lo que parecía el intento de la dictadura por estabilizarse como un régimen permanente, y que terminará por deteriorarse y fracasar. El Directorio Civil (1925-1930), estará marcado por el desembarco de Alhucemas y la resolución victoriosa del problema de Marruecos, al que se sumaron los éxitos económicos obtenidos durante los dos años del Directorio Militar, coincidiendo con los "felices años 20".
Las LÍNEAS DE ACTUACIÓN de la Dictadura las podemos sintetizar en:
En primer lugar el problema de Marruecos, que fue uno de los detonantes del golpe. Intentó negociar la paz con Abd el Krim ofreciéndole una amplia autonomía pero no obtuvo resultado y ante el ataque a zonas francesas se organizó una intervención militar conjunta franco-española, que tras la Conferencia de Madrid se concretó en el desembarco de Alhucemas (8-IX-1925) Doc. 12, 13 y 14.
Otro problema contra el que luchó la dictadura fue el caciquismo. El Estatuto Municipal de 1924, inspirado por Calvo Sotelo, era el instrumento para luchar contra ésta lacra. Se pretendía la autonomía de los Ayuntamientos y la descentralización de la Administración. Pero resultó inoperante al otorgarse a los gobernadores civiles demasiadas atribuciones sobre los municipios y estos continuarán nombrando alcaldes y diputados provinciales, lo que hizo surgir un nuevo caciquismo, sin haber sido eliminado el viejo.
Fueron importantes los problemas de orden público. El deterioro del orden público se corrigió y la delincuencia común retrocedió. Pero se confundió delincuencia con protestas y reivindicaciones políticas del movimiento obrero. La prohibición de manifestaciones y la censura de prensa fueron los dos instrumentos utilizados para reprimirlo. Para auxiliar a las fuerzas del orden público, intentó extender a toda España la institución catalana del Somatén, que se convirtió en un cuerpo paramilitar adicto al régimen.
A todo ello hay que sumar los problemas económicos. Para solucionarlos se practicó una política económica intervencionista, mediante:
• El control de todos los sectores productivos y la supervisión de las actividades económicas: precios, volumen de producción, etc. Así, se creó un Comité Regulador de la Producción Industrial y cualquier empresa necesitaba permiso para instalarse, ampliarse o trasladarse de localidad.
• Las ayudas y subvenciones, con dinero público a empresas nacionales.
• El reforzamiento del proteccionismo arancelario para salvaguardar los productos agrarios e industriales nacionales de la competencia exterior.
• El incremento de las inversiones públicas para financiar las redes de carreteras, obras hidráulicas y regadíos.
• La creación de los monopolios como los de Telefónica y CAMPSA para control de comunicaciones y petróleo.
Los resultados fueron el aumento del empleo, la disminución del número de huelgas, la realización de modernas obras públicas y el aumento de la producción, especialmente de hierro, acero y cemento. Por contraste, el Estado se endeudó en exceso y esta política pasó factura tras la Crisis del 29.
El mundo del trabajo fue configurado por el Ministro de Trabajo, Eduardo Aunós que, a imitación de la "Carta del Lavoro" de la Italia fascista, creó el "Consejo Nacional del Trabajo" y la "Organización Corporativa del Trabajo". Para solucionar los problemas laborales se organizaban Comités Paritarios (igual representación de patronos y de obreros) bajo la tutela del Estado.
Otra de las cuestiones a las que se tuvo que enfrentar la dictadura fueron los nacionalismos. Primo de Rivera se mostró torpe en este aspecto. Llegó a confundir el sentimiento regionalista con el separatismo. Suprimió casi inmediatamente la bandera catalana, el himno; decretó medidas contra el uso de la lengua catalana y llego a clausurar el Fútbol Club Barcelona y el Orfeó Catalá. Con estas actitudes, la "Lliga" que era un firme apoyo monárquico en Cataluña se fue debilitando mientras crecían otras formas más radicales de catalanismo como "Estat Catalá", cuyo líder era Francés Maciá. Así la burguesía catalana retiró su apoyo a la dictadura. En el País Vasco la actitud de la dictadura fue muy similar, llegándose incluso a clausurar Aberri, el periódico del PNV.
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